Ayer sesionó el Congreso del Partido Justicialista, máximo órgano partidario en la provincia, y dio su apoyo al proceso de reforma política que se ha iniciado (los detalles de esta reunión pueden ser vistos en la edición impresa de El Diario de la República del día de hoy, sábado 5 de julio).
Es muy importante que los partidos políticos apoyen este proceso de fortalecimiento de las instituciones, especialmente tratándose del partido que está en el gobierno y tiene mayoría en el Poder Legislativo. Esas circunstancias darían viabilidad a la aprobación de las propuestas de reforma del sistema político en la Provincia. El Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, titular del partido, reconoció que fue la propia oposición quien inició el camino del diálogo político: "La reforma que estamos tratando de construir nació más por iniciativa de la oposición que nuestra".
Es fundamental que este apoyo brindado por los partidos políticos se traduzca en reformas profundas y concretas del sistema político en la Provincia. La ciudadanía está en la expectativa de un cambio significativo en el funcionamiento de las instituciones que haga de San Luis un régimen democrático pleno. Un fracaso en este proceso o la aprobación de propuestas de contenido tan sólo simbólico luego de una intensa promoción de la reforma política resultarían en una mayor falta de credibilidad de la política frente a la ciudadanía y una falta de interés gravísima de la población respecto de los procesos políticos. En esto, la responsabilidad del Gobierno y la bancada oficialista es muy alta. Son ellos quienes pueden aportar los votos necesarios para la declaración de necesidad de la reforma de la Constitución, única vía por la cual se puede llegar a una reforma significativa de las instituciones, que vaya más allá de la simple introducción del voto electrónico y reformas electorales mínimas.
En ese sentido, se deben tener en cuenta las declaraciones del Senador Rodríguez Saá, respecto a que "la modificación a la Constitución se debe encarar con un temario a debatir acotado y consensuado de antemano." Esto significa que, de llegarse a la declaración de la necesidad de la reforma, sea esta parcial o total, debe haber un compromiso previo del oficialismo y la oposición en cuanto a los temas centrales de la reforma, es decir, en cuanto a la composición de la Legislatura, la organización de la justicia, la autonomía municipal y el poder del pueblo. Sin medidas que restauren la proporcionalidad entre habitantes y representantes en la Legislatura, que desvinculen la selección y remoción de jueces del poder político y hagan al Poder Judicial genuinamente independiente, que hagan efectivas las normas de la Constitución Nacional sobre la autonomía de los municipios o gobiernos de ciudad, y que incrementen el poder del pueblo y profundicen la democracia, difícilmente pueda decirse de este proceso que se trata de una reforma política exitosa.
Tras 25 años de vigencia del régimen democrático en el país, es tiempo de cambios en San Luis, y una oportunidad para todos los actores políticos de mostrar su grandeza.
Es muy importante que los partidos políticos apoyen este proceso de fortalecimiento de las instituciones, especialmente tratándose del partido que está en el gobierno y tiene mayoría en el Poder Legislativo. Esas circunstancias darían viabilidad a la aprobación de las propuestas de reforma del sistema político en la Provincia. El Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, titular del partido, reconoció que fue la propia oposición quien inició el camino del diálogo político: "La reforma que estamos tratando de construir nació más por iniciativa de la oposición que nuestra".
Es fundamental que este apoyo brindado por los partidos políticos se traduzca en reformas profundas y concretas del sistema político en la Provincia. La ciudadanía está en la expectativa de un cambio significativo en el funcionamiento de las instituciones que haga de San Luis un régimen democrático pleno. Un fracaso en este proceso o la aprobación de propuestas de contenido tan sólo simbólico luego de una intensa promoción de la reforma política resultarían en una mayor falta de credibilidad de la política frente a la ciudadanía y una falta de interés gravísima de la población respecto de los procesos políticos. En esto, la responsabilidad del Gobierno y la bancada oficialista es muy alta. Son ellos quienes pueden aportar los votos necesarios para la declaración de necesidad de la reforma de la Constitución, única vía por la cual se puede llegar a una reforma significativa de las instituciones, que vaya más allá de la simple introducción del voto electrónico y reformas electorales mínimas.
En ese sentido, se deben tener en cuenta las declaraciones del Senador Rodríguez Saá, respecto a que "la modificación a la Constitución se debe encarar con un temario a debatir acotado y consensuado de antemano." Esto significa que, de llegarse a la declaración de la necesidad de la reforma, sea esta parcial o total, debe haber un compromiso previo del oficialismo y la oposición en cuanto a los temas centrales de la reforma, es decir, en cuanto a la composición de la Legislatura, la organización de la justicia, la autonomía municipal y el poder del pueblo. Sin medidas que restauren la proporcionalidad entre habitantes y representantes en la Legislatura, que desvinculen la selección y remoción de jueces del poder político y hagan al Poder Judicial genuinamente independiente, que hagan efectivas las normas de la Constitución Nacional sobre la autonomía de los municipios o gobiernos de ciudad, y que incrementen el poder del pueblo y profundicen la democracia, difícilmente pueda decirse de este proceso que se trata de una reforma política exitosa.
Tras 25 años de vigencia del régimen democrático en el país, es tiempo de cambios en San Luis, y una oportunidad para todos los actores políticos de mostrar su grandeza.
3 comentarios:
Estimado Alejandro: desde mi total ignorancia jurídica, le hago una consulta. ¿Qué dice la constitución de losfuncionarios que hacen negociados con el gobierno? Digo, porque El Diario de la República es del Gobernador, y recibe dinero de publicidades oficiales. Sucede lo mismo con Payne.
Debo estar muy equivocado, porque no se le puede estar pasando esto a los abogados que mas saben. Si fuera así, quizás la reforma debería ser aún más profunda que la política.
Espero su respuesta
Estimado Guillermo,
La conducta a que usted se refiere es la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Esa es una conducta típica, sancionada por el Código Penal de la Nación Argentina, que establece en su artículo 265, primer párrafo: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo."
En efecto, existen sanciones claras en la legislación argentina para los casos de corrupción o delitos contra la administración pública, pero su aplicación depende de las administraciones de justicia que deben organizar las provincias.
La importante lección a extraer de esto es la necesidad de organizar el Poder Judicial de forma completamente independiente de los poderes políticos, para así evitar influencias del Gobierno sobre los jueces que desvirtúen la aplicación de la ley y la Constitución. Los jueces y el ministerio público (fiscales encargados de perseguir los delitos en su rol de acusadores) deben ser elegidos y removidos por mecanismos en los cuales no intervengan ni el Gobernador ni la Legislatura. De lo contrario, el conflicto de intereses va a continuar, como una cuestión estructural.
Le agradezco por su participación el el blog y convoco a todos a seguir enriqueciendo la discusión.
Perfecto! Estimado, pero la constitución provincial dice que cualquier ciudadano de la provincia puede hacer la denuncia. Le pido por favor, ya que ud. es abogado, que junto con mi nombre, presentemos la denuncia para llamar de esa manera a conciencia pública la necesaria reforma política. ¿Qué le parece?
Guillermo Adre DNI 27.805.907
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