Otra medida importante para lograr una administración de justicia plenamente independiente y libre de las presiones mayoritarias de los poderes gubernamentales (el Gobernador y la Legislatura) consiste en asegurar su autosuficiencia financiera.
Actualmente, la Provincia de San Luis cuenta con una Ley de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial, que establece los recursos destinados al financiamiento de la administración de justicia. Esa ley es una medida positiva para la independencia, pero no suficiente, ya que basta la retracción de la voluntad legislativa (o inclusive la amenaza de ello) para que la independencia del Poder Judicial quede comprometida.
La única forma genuina de evitar que los poderes de gobierno puedan alterar el flujo de recursos al Poder Judicial es disponiendo constitucionalmente un porcentaje mínimo fijo del presupuesto destinado al Poder Judicial. Este porcentaje debe ser calculado sobre el total de recursos presupuestados (y sobre lo recaudado en exceso, en caso que ello suceda) para cada año fiscal, y transferido automáticamente al Poder Judicial.
Esta es una medida ya utilizada en otros países y jurisdicciones de la región y es de gran utilidad, ya que de ese modo se torna imposible para la Legislatura afectar los recursos de la administración de justicia. Puede aumentar el porcentaje de recursos en un determinado presupuesto, pero no disminuirlo.
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