Es fundamental tener en cuenta, al realizar la discusión sobre el fortalecimiento institucional de la Provincia de San Luis, dos cuestiones: si, en primer lugar, es necesario o conveniente reformar la estructura institucional y la Constitución y luego, de serlo, cuáles son los objetivos de la reforma y en qué dirección se quiere ir. En cuanto a la primera pregunta, parece haber consenso en el escenario político sobre que es tiempo ya de reforma el sistema político y establecer una nueva organización del poder público en la Provincia, como ha sido puesto de manifiesto por el pasado diálogo y las iniciativas mencionadas. De ser declarada la necesidad de la reforma constitucional, ya sea ésta parcial o total, por la Legislatura, será lógicamente la Convención Constituyente elegida por el pueblo la que tenga la última palabra sobre las reformas. Sin embargo, es preciso que en este diálogo institucional que se está realizando, en el trabajo de la Comisión y en el debate que se genere en la sociedad al respecto, se tengan muy en claro cuáles son los objetivos que se persiguen con las reformas y que, a mi juicio, no pueden ser otros que la consolidación y profundización de la democracia.
Respecto a ello, “democracia” es un término utilizado con mucha frecuencia, pero también muy vagamente. La democracia es un sistema de gobierno que, en los regímenes constitucionales contemporáneos, se caracteriza no solamente por el principio de la mayoría (su elemento esencial en todas las democracias a lo largo de la historia), sino por una serie de elementos que hacen que denominemos a un sistema “democrático”: el imperio de la ley (expresado en la supremacía de la Constitución), la protección de los derechos del ser humano y el respeto por las minorías, la distribución del poder estatal (“división o separación de poderes”), el poder del pueblo (“soberanía del pueblo”), la independencia de la función judicial, el liderazgo y la delegación de poder en representantes elegidos popularmente (“representación”), la periodicidad de los mandatos y la responsabilidad de los gobernantes por sus actos, la legalidad administrativa y la publicidad de los actos de gobierno.
Se debe considerar, además, que la ley suprema es la Constitución de la Nación Argentina, y que las constituciones provinciales son en verdad leyes sujetas a una jerarquía normativa superior. En este sentido, la Constitución nacional dispone una serie de artículos (5, 6, y 121 a 128) sobre los Gobiernos de provincia y establece que “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”
De ese modo, en vista de los principios y prácticas democráticas reconocidos como tales, y de los mandatos establecidos por la Constitución de la Nación Argentina, los siguientes son los principales objetivos que deben tenerse en cuenta para lograr la efectiva realización de esos principios a través de reformas concretas:
Mejorar la representación: aquí se incluye la reforma del sistema electoral para eliminar las listas sábanas y poner en plena vigencia el principio democrático fundamental de “una persona, un voto” y la igualdad del sufragio (ver nota “Sobre la reforma política: lo fundamental es que cada voto valga por uno”, en Periodistas en la Red)
Fortalecer la autonomía municipal: la Constitución de San Luis se debe poner en línea con la reforma de la Constitución nacional en 1994, y asegurar la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. En ello se destaca la constitucionalización de un porcentaje mínimo de coparticipación municipal.
Lograr una administración de justicia independiente: este ha sido un tema predominante en el debate sobre la reforma de las instituciones en San Luis y sólo puede garantizarse a través de procesos de selección y remoción de magistrados y salvaguardas constitucionales que desvinculen a los jueces del poder político.
Incrementar el poder del pueblo: las circunstancias actuales permiten dar efectiva vigencia a los instrumentos de democracia directa y permitir que los ciudadanos tengan iniciativa legislativa y se auto-convoquen a referendum, que puedan revocar los mandatos de sus representantes, y que dispongan de acciones y mecanismos eficaces de acceso colectivo a la justicia para la protección de sus derechos, para hacer así genuino el principio de la soberanía popular.
Estos cuatro objetivos son centrales en la reforma del sistema político en San Luis y sin su cumplimiento difícilmente se puede alegar un fortalecimiento de las instituciones de la Provincia. Lógicamente, existen otras reformas que son necesarias o útiles para consolidar y profundizar la democracia en la Provincia de San Luis y a todas ellas, cada una importante en su grado, debemos abocarnos a debatir.
