He amanecido hoy con un profundo optimismo sobre el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Los sucesos acontecidos en la histórica votación que se realizó en el Senado sobre el tema de las retenciones a exportaciones de productos agrícolas han tenido un profundo significado sobre la práctica constitucional en Argentina y la distribución del poder político. Se ha reivindicado el rol del Congreso y de los Poderes Legislativos en la facultad de legislar y controlar la función de gobierno. Se ha reafirmado la potestad indelegable de la ley para crear o modificar tributos. Se ha observado una actitud sin precedentes de parte de los actores institucionales: diputados y senadores justicialistas que se han atrevido a disentir con los dictados de la Presidente de la Nación y el Presidente de su partido, y un Vicepresidente de la Nación que ha ejercido su rol con ejemplar carácter.
Algunos de estos acontecimientos de la historia argentina reciente (la reacción ante el referendum en Misiones sobre la reelección indefinida del Gobernador, el involucramiento intenso de la ciudadanía en la discusión de algunas políticas públicas) están mostrando un grado de madurez mayor frente al valor de la democracia y el funcionamiento de las instituciones.
Esto me ha generado esperanzas de que por el mismo camino nos orientemos en San Luis. Con ese grado de madurez política debemos encarar el diálogo sobre la reforma política que, para ser un proceso exitoso, debe ser un diálogo abierto y sincero. Hoy ya se realizó la primera audiencia pública de la Comisión de la Reforma Política, donde entidades y organismos públicos vinculados a los derechos humanos expresaron sus anhelos respecto al funcionamiento de las instituciones en San Luis. Son muchas ya las expectativas que se están generando de que haya un cambio en la forma de hacer política en San Luis, en la representatividad, y que sea un cambio en serio. Como ya he dicho con anterioridad, el que frustre este proceso de reforma, inclusive si lo hace permitiendo que se realicen cambios en las leyes o la Constitución, pero sólo modificaciones menores o no significativas, deberá cargar con la responsabilidad de frenar el desarrollo político e institucional de la provincia.
Esta reforma es en verdad un desafío, y un desafío para todos. Oficialismo y oposición ya han asumido sus respectivas responsabilidades. El camino se ha iniciado, y ahora sólo resta cumplirlas.